Alerta por cambios en una oficina clave para controlar las partidas del Presupuesto 2027

El Presupuesto nacional define cómo se distribuirán los recursos públicos y qué lugar ocuparán políticas que impactan directamente en los derechos de las personas. Contar con información pública, rigurosa e independiente es clave para evaluar esas decisiones. En este contexto, las organizaciones ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Amnistía Internacional , el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) enviaron una carta a legisladores y legisladoras de la Nación para expresar su preocupación por una serie de cambios recientes en el funcionamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

La OPC fue creada en 2016 para brindar al Congreso información técnica e independiente sobre las cuentas públicas. Entre otras tareas, analiza el proyecto de ley de presupuesto, calcula el impacto fiscal de los proyectos de ley, evalúa políticas públicas y estudia la sostenibilidad de la deuda. Su trabajo permite que las decisiones sobre el uso de los recursos públicos puedan discutirse con mayor información y transparencia.  

Los dos cambios principales 

Por un lado, una resolución de la Comisión Bicameral de Supervisión de la OPC modificó el sistema de administración financiera de la OPC y le quitó la posibilidad de gestionar su propio presupuesto, una autonomía que tenía desde 2021. Esto reduce su independencia financiera y se aparta de las recomendaciones de la OCDE, que consideran esa capacidad de decisión sobre sus recursosuna condición necesaria para que este tipo de organismos puedan cumplir sus funciones con independencia.

Por otro lado, desde junio la OPC necesita autorización previa de la Comisión Bicameral para producir informes que no estén incluidos en su Plan Anual de Trabajo. Las organizaciones señalaron que esta exigencia puede limitar su capacidad para analizar de manera oportuna temas que surjan durante el año y producir estudios por iniciativa propia.

La preocupación resulta especialmente relevante en el actual debate presupuestario. Durante 2026, por primera vez desde la creación de la OPC, las Comisiones de Presupuesto y Hacienda no solicitaron informes de estimación del impacto fiscal de proyectos de ley. La ley prevé expresamente que la OPC realice esos análisis cuando las comisiones los solicitan.

Recientemente, una auditoría sobre la OPC identificó procesos internos que requieren mejoras. Las organizaciones sostuvieron que esas observaciones deben servir para fortalecer la transparencia y los mecanismos de control, pero sin reducir la autonomía necesaria para que la Oficina pueda cumplir su función.

“En momentos en que el Congreso debe decidir cómo se distribuirán los recursos públicos en 2027, contar con información técnica, pública e independiente resulta especialmente relevante para un debate presupuestario informado y transparente”. Por ello, las organizaciones solicitaron al Congreso Nacional revisar las modificaciones adoptadas y utilizar de manera activa las herramientas que ofrece la OPC.

¿Qué es la OPC y para qué sirve?

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) es un organismo técnico creado por ley en 2016 para brindar información al Congreso de la Nación sobre las cuentas públicas. Entre sus funciones se encuentran analizar el proyecto de Presupuesto, estimar el impacto fiscal de proyectos de ley, hacer seguimiento de la ejecución presupuestaria y estudiar cuestiones tributarias y de deuda pública. Su tarea consiste en aportar información técnica para que legisladores y ciudadanía en general puedan conocer los costos e implicancias fiscales de proyectos de ley y políticas públicas.

¿Cómo se traduce esto en la práctica? 

En debates legislativos recientes, los informes de la OPC permitieron poner números y comparar alternativas sobre temas de enorme relevancia pública: 

Jubilaciones: durante el debate de 2024 sobre la modificación de la movilidad jubilatoria, la OPC analizó distintas propuestas que estaban siendo discutidas en el Congreso y comparó su impacto fiscal con el régimen vigente.

Universidades: frente al proyecto de financiamiento universitario de 2024, estimó cuanto implicaría que la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición salarial previstas en el proyecto, y discriminó cuánto correspondía a funcionamiento y cuánto a salarios docentes y no docentes.

Ley Bases y RIGI: durante el tratamiento de la Ley Bases, la OPC analizó las medidas tributarias incluidas en el proyecto. En relación con el RIGI, por ejemplo, señaló que, al tratarse de inversiones nuevas, el régimen no implicaba una pérdida respecto de recaudación ya existente, aunque los beneficios fiscales otorgados generarían gasto tributario en la medida en que las inversiones se concretaran.
 
Además, la OPC realiza un seguimiento mensual de la ejecución del Presupuesto, que permite conocer cómo se usan efectivamente los recursos, qué partidas se modifican durante el año y cómo evoluciona el gasto en las distintas áreas.