Fugas de gas en escuelas de La Costa y funcionarios de paseo: piden intervenir el Consejo Escolar

El peligro con el que convivieron más de mil estudiantes y casi 150 trabajadores de la educación en el Partido de La Costa durante semanas parece no haber sido suficiente llamado de atención para la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Las fugas de gas y evacuaciones continúan, situación agravada por la falta de explicaciones y cierto desdén de los funcionarios locales a cargo.

“Todo lo que se está subsanando para que haya escuelas seguras es por el trabajo del avocador David Benítez, pero no alcanza porque es una sola persona y debería haber todo un equipo colaborando. Es por eso que debe intervenirse el Consejo Escolar”, expuso la secretaria general del SUTEBA local, Vanesa Ramos.

Es que mientras nuevas situaciones de riesgo se siguen sucediendo en las distintas localidades balnearias, el tesorero del Consejo Escolar local, Favio Zabala, se vanaglorió en redes sociales de una prueba atlética que compartió con su novia, nada más ni nada menos que en Berlín. “En el día de nuestro aniversario corrimos juntos”, celebró el tortolito.

Así, Zavala disfruta de la licencia que le otorgaron sus compañeros del Consejo Escolar, avalada por la Subsecretaría de Educación de la Provincia, a cargo de Claudia Bracchi, quien a su vez es referente de Soles de Mayo, agrupación integrada por el mencionado tesorero, además de la presidenta del Consejo Escolar, Candela López; el secretario, Federico Finocchiaro y la jefa distrital Laura Monamarco.

“Sus jefes políticos partidarios son los del intendente Juan de Jesús”, hicieron notar desde la comunidad educativa, al remarcar el camino allanado que tuvo Zavala para conseguir sus vacaciones y poder irse “a correr a Alemania”.

Más allá que goza de su licencia aprobada, los referentes sindicales explicaron que no debió haberse permitido esa salida, ya que el Consejo Escolar está en un proceso de avocación justamente por las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos.

Lejos de solucionarse las fallas, en los últimos días nuevos episodios se sucedieron:

• Evacuación por presunta fuga de gas en la EP N.º 8 de Mar de Ajó Norte
• Explosión en una estufa en un aula de la EP N° 7 de San Bernardo
• Fuga de gas en la cañería de la EES N° 7 de Las Toninas.
• Fuga de gas en mútiples artefactos de la EES N° 13 de Mar del Tuyú

“Todo es trabajo que está haciendo la Provincia, pero no el Consejo Escolar, sumado a que el tesorero debería estar en La Costa, codo a codo, trabajando. Si el cuerpo estuviera intervenido estarían en un sumario todos ellos y los hubieran sacado, que es lo que nosotros pedimos”, exclamó Ramos.

Acto seguido, la dirigente sindical argumentó que el reclamo de intervención es “porque los funcionarios dejaron a tres escuelas con fugas de gas activas comprobadas”.

“El trabajo que se está haciendo desde la avocación es sumamente importante y es mucho, pero no alcanza, en tanto y en cuanto los consejeros escolares siguen impunes y sin dar explicaciones de lo que hicieron”, sumó la secretaria general, para luego dar cuenta que “ante hechos de tamaña gravedad deberían haber sido desplazados del cargo y estar hoy en un sumario administrativo y con una denuncia penal”.

En concreto, el reclamo es por una intervención por parte de la Dirección de Consejos Escolares” ya que “todas las pruebas de hermeticidad que se están haciendo están ratificando que desde el Consejo Escolar no realizaron el mantenimiento ni la puesta a punto de los calefactores bajo la normativa vigente, ni tampoco las pruebas de hermeticidad, que deben hacerse en febrero, antes que empiecen las clases”.

“El control tuvo que hacerse en todas las escuelas, no lo hicieron de ninguna”, sentenció Ramos.

Ante la gravedad de los hechos denunciados y comprobados, sumado a la inacción de las autoridades locales, el reclamo de la comunidad educativa es que sin más dilaciones se proceda a la “intervención inmediata” del Consejo Escolar de La Costa, sin dejar de lado establecer las responsabilidades administrativas y penales, y, sobre todo, poder garantizar que las escuelas sean espacios seguros y no una amenaza constante para estudiantes y docentes.