La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires está convocada para sesionar este martes 29 de septiembre a las 15:00 en lo que será la quinta sesión ordinaria del año. El cuerpo presido por Alejandro Dichiara debatirá un temario acordado entre el oficialismo y bloques opositores, cuyo eje central es un paquete legislativo unificado para combatir el sobreendeudamiento familiar.
La iniciativa legislativa agrupa nueve proyectos originales que quedaron sintetizados en cuatro dictámenes finales para brindar respuestas a más de dos millones de bonaerenses afectados por pasivos financieros con entidades bancarias y empresas fintech.
El paquete normativo busca fijar pautas claras frente a las prácticas abusivas de cobro, garantizar transparencia en la contratación de créditos y habilitar herramientas judiciales de reestructuración de deudas.
El tratamiento en el recinto abarca cuatro proyectos de ley complementarios orientados a proteger a los usuarios del sistema financiero:
Régimen prejudicial con Defensoría del Pueblo: Creación de un marco de mediación previo a la instancia judicial para acordar planes de pago accesibles entre deudores y acreedores.
Transparencia financiera y educación: Modificación de la Ley del Consumidor bonaerense para exigir información clara de tasas e impositivos antes de la toma de créditos, además de contenidos obligatorios de educación financiera.
Prevención del hostigamiento por cobros: Normativa estricta contra prácticas abusivas, intimidatorias o extrajudiciales por parte de agencias y empresas de cobranza.
Reestructuración judicial en Juzgados de Familia y de Paz: Procedimiento ágil en el fuero comercial y de paz para procesar deudas de consumo que resulten imposibles de afrontar.
Además del temario financiero, los legisladores tratarían un proyecto consensuado para optimizar el funcionamiento del Tribunal Fiscal de Apelación, órgano encargado de resolver los litigios tributarios entre los contribuyentes y la agencia de recaudación provincial (ARBA).
La reforma elevaría de 1 a 3 la cantidad de relatores de apoyo por vocal para agilizar los expedientes en trámite y fijaría una Tasa de Actuación del 0,60%. Asimismo, la tabla de expedientes incluye modificaciones sobre los procedimientos previos a los juicios orales en materia penal.