“Ilegal, abusivo e inapropiado”: malestar de usuarios viales por otro aumento en los peajes de PBA

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial condenó el nuevo aumento en las tarifas de peaje solicitado por la empresa AUBASA y concedido por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, “sin considerar la situación de crisis económica de los usuarios viales y de toda la sociedad en su conjunto”.

“Se trata de un ajuste recaudatorio para seguir esquilmando el bolsillo de los usuarios viales y solo para beneficiar a la concesionaria y cubrir el déficit de la misma. Automáticamente este nuevo incremento del peaje afecta el costo de transporte y por ende todos los precios de la economía”, expresaron desde el nucleamiento coordinado por Ricardo Lasca.

Destacaron asimismo que AUBASA sólo se limita a cobrar el “falso peaje o impuesto al tránsito”, transformando las estaciones de cobro en “una verdadera caja política”.

“La recaudación por peaje se destina principalmente a solventar el fenomenal costo operativo de las estaciones de peaje y de la empresa AUBASA, sin volcarse plata al camino. Año tras año, desde el inicio de las concesiones viales en la provincia de Buenos Aires, y muy especialmente en lo que respecta al Sistema Vial Integrado del Atlántico (Autovía 2 y Ruta Provincial Interbalnearia 11 y conexas), se vienen sucediendo, sin control alguno, escandalosos tarifazos de peaje, abusivos, injustificados y carentes de todo fundamento técnico-económico”, prosiguieron los referentes del CONADUV.

En igual tono, consignaron que “es preocupante que esta estafa vial persista en el tiempo, favoreciendo el interés particular de la empresa ‘estatal’” AUBASA, que actúa indebidamente en forma paralela a la Dirección de Vialidad de Buenos Aires (DVBA)”.

“Un tema grave y que sigue sin ser tenerse en cuenta, es que las concesiones viales tienen carácter de ‘servicio público’, y a pesar del tiempo transcurrido no se ha creado un Marco Regulatorio - Ente Regulador que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirectos”, puntualizó Lasca.

Del mismo modo, advirtió que “nunca fue considerado por los distintos gobernadores de la provincia de Buenos Aires ni por la Legislatura bonaerense, a pesar de los reiterados pedidos llevados a cabo por parte del CONADUV. Tampoco fue contemplado por la propia Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que demuestra no tener interés en el tema en cuestión. Es así que los usuarios viales siguen siendo esquilmados a través del cobro de un ‘falso peaje o impuesto al tránsito’, claramente inconstitucional e inviables”.