El cierre de Papelera del Sur no representa solamente la pérdida de 160 puestos de trabajo. En Tornquist, una localidad de entre 7.000 y 8.000 habitantes, la decisión empresarial amenaza con producir un impacto económico y social que alcanza mucho más allá de los trabajadores despedidos. La bronca comenzó a expresarse en las calles y este sábado tuvo una nueva demostración con una movilización frente a la planta y una caravana por distintos sectores de la ciudad.
La empresa, perteneciente al Grupo HZ, comunicó el cierre de la fábrica y envió los telegramas correspondientes a sus 160 empleados. La explicación que recibieron los trabajadores fue que la actividad había dejado de ser rentable y que, en adelante, el grupo se dedicaría a importar la cartulina que hasta ahora producía en Tornquist para continuar con el negocio de impresión.
La situación tiene una particularidad que profundiza el malestar: la firma no abandona el rubro ni deja de comercializar esos productos. Cambia la modalidad de producción. Lo que hasta ahora se fabricaba en territorio argentino pasará a ingresar desde el exterior, mientras desaparece una fuente de trabajo que durante más de seis décadas formó parte de la vida económica de la localidad.
Gustavo Lanaro, secretario del Sindicato de Papeleros de Tornquist en dialogo con ANDigital, describió la dimensión del problema en diálogo con ANDigital. “Somos una fábrica que hace sesenta años que produce cartulina para envases. Básicamente hacemos las cajas de alimentos, de arroz, de fideos y también para productos de farmacia. Somos los únicos que hacemos ese tipo de cartulina en la Argentina”, explicó.
Se trata, además, de una industria vinculada al reciclado, que durante décadas sostuvo una actividad productiva y generó empleo en una comunidad donde las alternativas laborales no abundan.
El conflicto venía acumulando dificultades desde hacía aproximadamente dos años y medio. Los trabajadores habían comenzado a atravesar períodos de suspensiones, con semanas sin actividad y reducciones salariales acordadas en el ámbito del Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, según relató Lanaro, la situación parecía haber encontrado un principio de estabilización con un cambio reciente en la gerencia. La nueva conducción había comenzado a utilizar los períodos de parada de máquinas para realizar tareas de mantenimiento y había planteado una política de mayor cuidado hacia el personal.
“De un día para el otro nos avisaron que la fábrica cerraba. Acá somos 160 empleados y básicamente quedamos 160 familias en la calle”, sostuvo el dirigente gremial.
Desde entonces, el sindicato intentó abrir distintas alternativas para evitar el desenlace. Incluso propuso revisar acuerdos internos, aceptar modificaciones salariales temporarias y discutir nuevas condiciones laborales que permitieran sostener la producción.
Pero la respuesta empresarial, de acuerdo con el testimonio del secretario gremial, fue negativa.
“Nosotros la queremos pelear. Está todo bien que me paguen lo que me tienen que pagar, pero yo no me quiero quedar sin trabajo”, resumió Lanaro, al explicar la posición de los trabajadores.
La intendenta Estefanía Bordoni participó de las gestiones y ofreció que el municipio dejara de cobrar las tasas municipales a la empresa. También hubo intervención del Gobierno bonaerense, con propuestas vinculadas a una reducción de impuestos provinciales y la posibilidad de analizar subsidios o créditos.
El ministro de Trabajo provincial, según indicó Lanaro, también manifestó su disposición a buscar una salida mediante el diálogo.
Sin embargo, el gremialista remarcó que la empresa no había solicitado asistencia estatal y que, cuando se convocó a la audiencia en el Ministerio de Trabajo, ya tenía tomada la decisión de cerrar.
"Nosotros fuimos con la intención de encontrar alguna alternativa. La fábrica nos dijo que no, que la decisión ya estaba tomada", afirmó.
Uno de los puntos que más indignación genera entre los empleados es que la empresa no dejará de operar comercialmente. Continuará con sus actividades de impresión, pero comprará en el exterior la cartulina que antes producía en su planta bonaerense.
La explicación empresarial apunta a la falta de rentabilidad y a la imposibilidad de competir con los productos importados en las actuales condiciones de costos y mercado.
Para Lanaro, sin embargo, el problema excede la situación particular de la fábrica.
“Ellos se van a dedicar a importar la cartulina en vez de producirla. El negocio no lo pierden. Lo que hacen es dejar de producirla”, señaló.
El dirigente relacionó directamente el conflicto con la política económica nacional y el avance de las importaciones sobre la industria argentina.
“Nosotros, evidentemente, sentimos que a este modelo de gobierno no le importa nada de la industria argentina. No somos ajenos a lo que le está pasando a toda la industria”, expresó, aunque también reconoció que la caída del consumo forma parte de las dificultades que atraviesa el sector.
La posibilidad de organizar una cooperativa de trabajadores también apareció entre las alternativas analizadas, pero presenta un obstáculo importante: la propia empresa tiene las imprentas y controla buena parte de la cadena comercial. Si decide abastecerse en el exterior, una eventual producción cooperativa tendría dificultades para encontrar compradores.
La dimensión del cierre se comprende mejor cuando se observa el peso de la papelera en la economía local.
Lanaro estimó que alrededor de 700 millones de pesos circulaban mensualmente en Tornquist a partir de la actividad de la fábrica y los ingresos de sus trabajadores. Se trata de una cifra aproximada mencionada por el dirigente, pero que permite dimensionar el impacto que puede provocar la desaparición de esa fuente laboral.
El golpe no se limitará a quienes recibieron los telegramas. También alcanzará a los comercios, proveedores, prestadores de servicios y pequeños emprendimientos que dependen del movimiento económico generado por los salarios.
“Somos un pueblo de 7.000 habitantes. Imaginate 160 familias. Es un golpazo gigante”, describió.
En una ciudad donde muchos se conocen y saben de las dificultades de sus vecinos, la preocupación también pasa por las situaciones familiares particulares: personas que alquilan, trabajadores con hijos con discapacidad, familias que dependen de la cobertura de salud y hogares que asumieron compromisos económicos contando con un ingreso mensual.
“Uno sale a la calle y se saluda con todo el mundo. Cada uno sabe el problema que tiene el vecino”, relató Lanaro.
Y planteó una realidad que grafica las escasas posibilidades de reinserción laboral en una localidad pequeña: “En Buenos Aires, si cierra una planta, por ahí uno puede buscar otra cosa. ¿Pero qué voy a hacer acá en Tornquist?”.
La preocupación se transformó este sábado 7 de noviembre en una movilización frente a la planta de Papelera del Sur, ubicada sobre la ruta provincial 76, cerca de su intersección con la ruta 33.
La convocatoria reunió a trabajadores, familiares, representantes gremiales, comerciantes, vecinos y jubilados. También participaron la intendenta Estefanía Bordoni, el director del Banco Provincia, Sergio Bordoni, y concejales.
Durante el encuentro hablaron Lanaro y el secretario gremial Richard Schwindt. Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando Schwindt no pudo contener las lágrimas al entregar a un compañero una carta dirigida al directorio de la empresa.
El mensaje apeló a la historia familiar de quienes conducen el grupo empresario y recordó el legado de quienes construyeron la papelera.
“Una empresa no son solo máquinas y números. Son personas que todos los días dejan su vida ahí adentro”, expresaron los trabajadores en el texto.
También reclamaron que los actuales responsables reconsideren el cierre y tengan en cuenta que la pérdida de 160 puestos laborales significa dejar a igual cantidad de familias sin su principal sostén.
“Salvemos lo que su abuelo construyó”, fue uno de los planteos centrales de la carta.
La movilización incluyó un corte de tránsito durante algunos minutos sobre la ruta 76, la quema de neumáticos y la colocación de carteles con nombres de responsables de la empresa frente a la planta.
Después, los trabajadores y vecinos realizaron una caravana por distintos sectores de Tornquist. Las bocinas acompañaron el recorrido y la protesta pasó frente a domicilios de concejales y referentes de La Libertad Avanza, en una expresión de bronca que también puso en escena el reclamo de respuestas al espacio político que gobierna el país.
Mientras tanto, el sindicato consiguió una prórroga y una nueva audiencia para el próximo jueves, en la que pretende que estén presentes los propietarios del Grupo HZ y los máximos responsables de la firma.
La intención es volver a poner sobre la mesa las alternativas que permitan mantener la fábrica en funcionamiento y evitar que una decisión empresarial termine desarticulando una parte fundamental de la economía de Tornquist.
Lanaro aseguró que los trabajadores están dispuestos a discutir distintas posibilidades y que esperan que los responsables de la compañía tomen dimensión de las consecuencias sociales de su decisión.
La historia de Papelera del Sur lleva más de sesenta años ligada a Tornquist. Su cierre plantea una discusión que excede a una empresa y a un sindicato: qué lugar ocupa la producción nacional frente a la importación, qué sucede con las comunidades que dependen de una industria y qué responsabilidad tienen quienes toman decisiones económicas sobre el futuro de cientos de familias.
Por ahora, la respuesta de la empresa no cambió. La producción tiene fecha de finalización y los trabajadores esperan que la próxima audiencia abra una puerta que hasta el momento permanece cerrada.
En Tornquist, mientras tanto, la bronca ya se hizo escuchar. Y esta vez no solamente frente a la fábrica.