El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficacia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y ninguno en contra, con el respaldo de todos los legisladores presentes en el recinto.
De esta manera, el Congreso sancionó definitivamente un nuevo marco legal que busca garantizar la continuidad de las principales prestaciones y beneficios para las personas con discapacidad, y reemplazar el régimen de emergencia vigente, cuya fecha de vencimiento está prevista para el próximo 31 de diciembre.
El proyecto, que ya había recibido la aprobación de la Cámara de Diputados, mantiene buena parte del esquema de derechos establecido por la emergencia en discapacidad, pero le otorga carácter permanente. Ahora, el texto deberá ser remitido al Poder Ejecutivo, que tendrá la posibilidad de promulgarlo o ejercer su facultad de veto.
Uno de los puntos centrales de la norma es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. El texto también mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta central para acreditar la condición y acceder a los beneficios contemplados.
Además, se conserva la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo formal o la inscripción en regímenes tributarios, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La iniciativa también ratifica el nomenclador universal de prestaciones, con un arancel unificado y mecanismos de actualización para los valores que perciben los prestadores del sistema. El objetivo es sostener las prestaciones y evitar que los aranceles queden rezagados frente a la evolución de los precios.
Otro de los aspectos contemplados es la continuidad de la cobertura médica para las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad, a través del Programa Federal Incluir Salud.
La ley garantiza el acceso a las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901 y establece partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud para financiar el funcionamiento del sistema.
A su vez, contempla la posibilidad de recurrir a compensaciones del Tesoro Nacional cuando los recursos presupuestados resulten insuficientes. También incorpora mecanismos para evitar que el ingreso por beneficiario pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
La sanción representa un cambio en el marco normativo que regula las políticas de discapacidad. Hasta ahora, buena parte de las prestaciones y medidas de protección estaban contempladas en una ley de emergencia con vigencia hasta fines de 2026.
Con la nueva norma, el Congreso busca establecer un esquema permanente que garantice la continuidad de las pensiones, las prestaciones, la cobertura de salud y los recursos destinados al sector.
El resultado de la votación también reflejó un amplio consenso político: los 71 senadores presentes acompañaron el proyecto, sin votos negativos.
La iniciativa había sido aprobada previamente en la Cámara de Diputados y llegó al recinto del Senado para su tratamiento definitivo. Con la sanción de la Cámara alta, el texto quedó a disposición del Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto.