Luego de meses de denuncias y un fuerte reclamo público, este martes fue detenido Federico Nicolás Balbuena, un empresario de 34 años acusado de someter violentamente a su expareja a brutales golpizas y amenazas de muerte en el partido bonaerense de Pilar.
La aprehensión fue ordenada por la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI especializada en violencia de género descentralizada de Pilar, y se concretó tras un giro clave en la causa: la difusión de videos que mostraban la violencia extrema sufrida por la víctima (y que ilustran este artículo).
Según la investigación, el acusado fue localizado en su vivienda –ubicada en un country de la zona– donde permanecía oculto.
El caso tomó estado público cuando la joven, identificada como Camila, decidió difundir imágenes de las agresiones ante la falta de respuestas judiciales.
Los registros, que circularon masivamente en redes sociales, evidenciaron la brutalidad de los ataques y generaron una fuerte reacción social.
“Me dejó internada, con la cara destruida”, había denunciado la víctima, quien además aseguró que durante meses sufrió violencia física y amenazas constantes.
Balbuena será indagado en las próximas horas y enfrenta graves imputaciones: lesiones agravadas en contexto de violencia de género; amenazas de muerte, y abuso sexual con acceso carnal.
La causa había avanzado lentamente durante casi seis meses, pero la aparición de nuevas pruebas audiovisuales permitió “cerrar la secuencia completa de los hechos”, tal y como trascendió de fuentes judiciales, lo que aceleró la orden de detención.
#ViolenciaDeGénero 🚨 Conmoción en Pilar: Cayó la lacra que castigaba brutalmente a su pareja
— ANDigital (@ANDigitalOK) April 28, 2026
La Justicia decidió detenerlo cuando la víctima posteó los videos de la barbarie en las redes, y la historia dio un giro total.
📌 Golpizas brutales durante meses
📌 Amenazas de muerte… pic.twitter.com/oNZbMk5L8l
De acuerdo a distintas reconstrucciones periodísticas, el acusado se presentaba como un empresario, aunque también fue señalado por presuntas maniobras irregulares y denuncias previas, lo que ahora forma parte del análisis judicial.
Mientras tanto, la víctima expresó su malestar por decisiones previas de la Justicia, como la negativa a extender medidas de protección.
El caso volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género y las demoras judiciales en la protección de las víctimas.
La viralización de los videos fue determinante: sin esa exposición, el expediente seguía sin avances concretos, según denunciaron allegados a la joven.