El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Julieta Angeletti, quedaron en el centro de una severa tormenta política. La confirmación de que ambos solicitaron formalmente su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799) ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desató una ola de fuertes denuncias por parte de la oposición, debido a que el movimiento contable ocurre en medio de una investigación judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito.
La polémica normativa les permite a los contribuyentes calcular y abonar el Impuesto a las Ganancias basándose únicamente en su facturación, lo que en la práctica los exime de la obligación de explicar ante el fisco las variaciones o incrementos en su patrimonio y consumos personales. La jugada fiscal de la pareja se conoció, además, a pocos días de que venza el plazo legal para que Adorni presente su declaración jurada patrimonial oficial ante la Oficina Anticorrupción.
Las repercusiones en el Congreso de la Nación fueron inmediatas y de extrema dureza. La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) utilizó sus plataformas digitales para emitir un lapidario descargo contra el jefe de Gabinete y su entorno familiar, trazando un paralelo directo con la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner.
"Adorni es ladrón. Su esposa también. El dibujo puede eximirlos de consecuencias penales, pero no de la calificación", disparó Frade sin filtros a través de la red social X.
La legisladora nacional denunció los objetivos detrás de la confección de la norma aprobada en el Congreso: "Su jefe mandó la Ley de Inocencia Fiscal. El séquito la votó. Esa ley es para esto. Por eso los ladrones se acogen a ella. Son muy vivos para apropiarse de lo público, pero muy cobardes con sus consecuencias". En esa línea, exigió un cambio de discurso en el oficialismo: "Que no hablen más de la 'condenada', porque ellos también deberían correr la misma suerte. Son los nuevos ricos de #Libra, Andis, IOMA, PAMI, Privatizaciones".
La ofensiva de la oposición se apoya en los datos que recopila la Justicia Federal en una causa a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Una investigación periodística expuso que el matrimonio registró gastos con tarjetas de crédito superiores a los $85 millones durante 2025 (un promedio de $7,1 millones mensuales), una cifra que colisiona con el sueldo bruto del funcionario —de unos $3,5 millones mensuales— y la condición de monotributista de su esposa.
Los tribunales federales investigan actualmente los siguientes puntos del patrimonio familiar:
La compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Una propiedad en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz.
Gastos millonarios en refacciones edilicias abonadas presuntamente en efectivo y sin facturar.
Contratos de consultoría de Angeletti y reiterados viajes de lujo al exterior.
El arco opositor coordinó los cuestionamientos apuntando a la contradicción ética de la gestión nacional. El senador nacional y titular de la UCR, Martín Lousteau, se sumó a las críticas y cuestionó el trasfondo del beneficio fiscal al que se amparó el jefe de ministros.
"Es un blanqueo a medida de los más ricos: te perdonan el pasado y no miran de dónde salió el patrimonio. Que la inocencia te valga, Manuel", ironizó el legislador porteño.
Con la presentación ante la ARCA ya efectivizada, el debate político se trasladará ahora al plano ético y parlamentario, mientras los peritos judiciales determinan si la adhesión al nuevo régimen fiscal logra frenar o no el avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que acorrala al entorno del jefe de Gabinete.