El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la línea de investigación por el presunto enriquecimiento ilícito vinculado a operaciones con criptomonedas y gastos detectados en su entorno.
En concreto, la instrucción requirió formalmente al canal LN+ una copia sin editar de la entrevista donde el alto funcionario del Gobierno de Javier Milei justificó su crecimiento económico mediante el atesoramiento de medio millón de dólares en activos digitales.
En el mencionado reportaje, el vocero presidencial dijo haber obtenido una ganancia neta de 300 mil dólares operando con Bitcoin entre los años 2013 y 2014, una versión que la Justicia busca contrastar con los registros oficiales.
Para verificar estos dichos, se pidió a la Comisión Nacional de Valores un informe detallado sobre todas las plataformas de servicios de activos virtuales que operaron en el país desde 2012.
Asimismo, la División Antifraude de la Policía Federal realizará un relevamiento de fuentes abiertas para analizar videos antiguos donde el vocero presuntamente desaconsejaba el uso de Bitcoin o admitía desconocer el funcionamiento de las criptomonedas.
Por otra parte, la investigación también se centra sobre dos barrios cerrados, solicitando los registros de ingreso al Golf Club Indio Cua y verificando si la madre del funcionario reside en un exclusivo country de La Plata.
Otro de los puntos críticos de la pesquisa es una factura de más de 8 millones de pesos en artículos de blanquería emitida a nombre de una empleada pública que forma parte del personal de planta del Gobierno.
Esta línea de investigación surgió tras el análisis forense del celular de Matías Tabar, un contratista que declaró haber cobrado 245 mil dólares de manera irregular por refacciones en la vivienda de Adorni.