Causa $LIBRA: apartan a querellantes y se frena la investigación a Milei

La investigación judicial por la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA sufrió un vuelco determinante que cambia el rumbo del expediente. En una resolución clave, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó formalmente el apartamiento de los querellantes particulares, desvinculando de la causa a los cinco inversores privados que impulsaban la acusación penal. De este modo, el proceso sufre un fuerte freno en el plano de la acción privada y pasa a avanzar únicamente bajo la órbita de la acción pública.

El fallo responde a un riguroso planteo técnico presentado por la defensa del trader y lobista Mauricio Novelli, uno de los principales imputados en el expediente junto al presidente Javier Milei. Al apartar a los denunciantes directos, la presión procesal sobre el entorno de los acusados disminuye drásticamente.

El argumento de las memecoins

🏛️ Causa $Libra: “Javier Milei es protagonista de una estafa y un hecho de corrupción millonario”

🪙 Así lo concluyó la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, liderada por @MaxiFerraro.

📳 Es tras las últimas revelaciones en la investigación, que dan cuenta de los… pic.twitter.com/Vmg6A93WQ3

— ANDigital (@ANDigitalOK) March 16, 2026

Para justificar la exclusión de los damnificados, el magistrado introdujo un debate central sobre la naturaleza de los activos digitales. Según los fundamentos difundidos por fuentes especializadas, el lanzamiento de $LIBRA se produjo bajo las condiciones de una memecoin.

Martínez de Giorgi sostuvo que el mercado de las criptomonedas de alta volatilidad se caracteriza por una regulación limitada, donde el riesgo financiero es asumido de manera voluntaria por los propios participantes. En este sentido, la resolución judicial argumenta que las capturas de pantalla, enlaces y claves aportadas por los denunciantes funcionan como "indicios", pero no logran probar de forma fehaciente la titularidad de billeteras virtuales ni que las pérdidas económicas constituyan el perjuicio directo que exige el Código Procesal para ser considerado querellante.

Giro en la causa: Al mutar la hipótesis delictiva hacia supuestas irregularidades en la función pública o negociaciones incompatibles, el tribunal señaló que el bien jurídico protegido pasa a ser la Administración Pública y no el patrimonio de los inversores individuales.

Consecuencias del fallo

Con este revés para los damnificados directos, el escenario procesal cambia de manera drástica y frena la dinámica de la investigación:

• Pérdida de facultades y control: Si la medida queda firme tras las instancias de revisión, los inversores particulares perderán el acceso al expediente. Esto significa que ya no podrán solicitar medidas de prueba, sugerir peritajes clave ni impulsar la acción de forma autónoma.

• Único acusador institucional: La responsabilidad de sostener la acusación penal recae ahora de forma provisoria y exclusiva sobre el fiscal federal Eduardo Taiano, restándole pluralidad a los enfoques de la investigación.

• Amigos del tribunal: Las únicas entidades externas que mantienen una presencia secundaria bajo la figura de amicus curiae son el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Apelación y tensiones

La batalla legal está lejos de terminar. Los abogados patrocinantes de los inversores —un espacio que cuenta con el respaldo estratégico del dirigente social Juan Grabois— ya confirmaron que apelarán la resolución ante la Cámara Federal.

El objetivo de la defensa de los damnificados es revertir la exclusión de inmediato para evitar que la causa por la criptomoneda $LIBRA quede paralizada o avance sin la presión de los principales afectados por el desplome del activo digital. El próximo paso de la Cámara Federal será determinante para definir si se restituye el rol de los privados o si el Gobierno consolida un importante alivio judicial.