La cantante Emilia Mernes causó un fuerte impacto en las redes sociales al pronunciarse sobre la actualidad legislativa del país. A través de sus historias de Instagram, la artista entrerriana replicó un video institucional de Amnistía Internacional Argentina en rechazo al proyecto de flexibilización de la Ley de Tierras, iniciativa denominada por el Gobierno nacional como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se debatirá en el Senado de la Nación el próximo jueves 6 de agosto.
El contenido compartido promueve la consigna "Defender la tierra" y convoca activamente a la ciudadanía a concentrarse frente al Congreso de la Nación a las 17:00 h. La pieza audiovisual de la organización sostiene que "defender la tierra es defender los derechos humanos" y alerta sobre la posible pérdida de soberanía de los recursos naturales ante el avance de megafondos internacionales.
La postura de la intérprete generó sorpresa entre sus seguidores, dado que habitualmente opta por mantener un perfil bajo y evitar manifestaciones explícitas en el debate político. La publicación escaló rápidamente en las plataformas digitales y motivó la reacción de la senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero, quien salió a cuestionar públicamente el mensaje de la artista.
De esta manera, la pronunciación de la joven referente se suma a la movilización de otras figuras de la música y la cultura de masivo alcance juvenil. Entre ellas, María Becerra dirigió un pedido a la Cámara Alta expresando: "Senadores, piensen en su país, no aprueben esa ley". En simultáneo, Lali Espósito difundió la convocatoria del Observatorio de Tierras bajo el lema "Argentina no está en venta", en una lista de adhesiones que también incluyó a músicos y actores como Ca7riel, Dillom, Juana Molina y Dolores Fonzi.
El proyecto debatido en el parlamento busca derogar y modificar ejes clave de la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011. La reforma contempla la eliminación del límite del 15% que restringe la titularidad de suelo rural en manos de personas o empresas extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal.
A su vez, la propuesta elimina el tope de 1.000 hectáreas por titular en la zona agrícola más productiva y quita las restricciones que impiden que una sola nacionalidad concentre más del 30% del suelo extranjerizado. Frente a estos cambios, diversas organizaciones ambientalistas advierten sobre los riesgos de facilitar la adquisición privada de áreas estratégicas con acceso a fuentes de agua, minerales y sectores limítrofes.