En un movimiento estratégico de alto impacto político y judicial, el equipo legal de Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes 15 de septiembre de 2026 una prueba contable que busca dar vuelta el fallo de la causa Vialidad.
Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego convocaron a una conferencia de prensa en el NH Hotel donde afirmaron enfáticamente que "se condenó a una persona inocente" y anunciaron una ofensiva judicial para suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos y habilitar su candidatura para las elecciones de 2027.
El nuevo elemento probatorio consiste en una planilla oficial de la Dirección Nacional de Vialidad coordinada por el economista Antonio Corrêa de Lacerda. El documento demuestra que el Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, recibió apenas el 0,85% de los fondos del fideicomiso analizado en el período investigado, lo que desarticula la hipótesis central de la acusación sobre el desvío sistemático de la obra pública.
"Cristina no se va a arrodillar ante nadie"
— Corta (@somoscorta) September 15, 2026
El abogado Alberto Beraldi resaltó que la expresidenta "tiene una fortaleza indescriptible" y advirtió que "no la van a vencer ni con 1600 ni con 1800 páginas".https://t.co/ASi4qayIoq pic.twitter.com/xF2cPntECz
A partir del hallazgo, los defensores de la expresidenta confirmaron que llevarán la documentación al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de la causa por "lawfare" e irregularidades procesales.
En dicha presentación ante el organismo internacional, la defensa solicitó tres medidas cautelares urgentes:
Suspensión de la inhabilitación perpetua: Para levantar la proscripción y permitir que Cristina Kirchner reanude plenamente su actividad política y electoral.
Revisión de la prisión domiciliaria: Para modificar las condiciones preventivas impuestas por el tribunal.
Recomposición de la Corte Suprema: Como medida institucional ante las irregularidades denunciadas en el proceso.
En forma paralela, el abogado Carlos Beraldi confirmó que interpondrán un recurso de revisión interno en los tribunales argentinos. La meta de la defensa es que la justicia local suspenda la ejecución de la condena a partir del nuevo dato contable antes de que venza el plazo para la presentación de listas.
Durante la exposición, los juristas coincidieron en que la causa carece de sustento fáctico tras la aparición de las planillas de Vialidad:
"Se creó una mentira para condenar a la presidenta Cristina. Los datos son monumentales: el Decreto 54/2009 fue una norma general y no para beneficiar a Báez. Interpondremos el recurso para que Cristina pueda ser candidata", aseveró Carlos Beraldi.
A su turno, el exjuez español Javier Borrego apuntó directamente contra la intencionalidad política de los jueces locales: "Se la condenó porque estorbaba en el mapa electoral. El tribunal dedicó apenas 11 líneas en los fundamentos para resolver una inhabilitación perpetua, demostrando que el único fin era quitar de la escena política a una expresidenta".
Los letrados estiman que la ONU podría resolver la admisibilidad del reclamo internacional a mediados de octubre, dictamen que utilizarán como llave jurídica ante los tribunales de Comodoro Py para anular la inhabilitación de cara al turno electoral de 2027.