Amnistía Internacional activó una campaña global por tierras rurales argentinas

Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente para exigir al Congreso de la Nación que garantice la protección de las tierras rurales argentinas. A través de su red global, la organización busca movilizar a miles de personas de distintos países para reclamar que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei dispuso la derogación de la Ley de Tierras (26.737).

Sancionada en 2011, esta ley establece que las personas y empresas extranjeras no pueden concentrar más del 15 % de las tierras rurales del país, con límites que también se aplican a nivel provincial y municipal. Además, establece restricciones a la concentración de tierras y mecanismos para controlar su adquisición.

El organismo global expuso que “la eliminación de estas protecciones no es solo una cuestión de propiedad: puede tener consecuencias directas sobre derechos humanos fundamentales. La falta de regulación sobre la adquisición y concentración de tierras rurales puede incrementar las presiones vinculadas a actividades agropecuarias, extractivas y otros grandes proyectos económicos, con consecuencias para el ambiente, los medios de subsistencia y el acceso a la tierra”.

Estos riesgos pueden “afectar especialmente a los pueblos indígenas y las comunidades rurales, cuyos derechos, culturas y modos de vida están estrechamente vinculados con sus territorios”.

Así las cosas, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, manifestó que “la tierra no es solamente un bien que se compra o se vende. De su protección dependen los derechos de comunidades enteras y el cuidado del ambiente”.

“El Congreso tiene la responsabilidad de garantizar que los derechos de quienes habitan esos territorios no queden subordinados a intereses económicos”, completó la activista.

Cabe reseñar que el 15 de octubre estaba prevista una sesión especial en Diputados para debatir, entre otros temas, el rechazo del DNU 70/2023. Sin embargo, no se alcanzó el quórum necesario y la iniciativa no pudo ser tratada.

Mientras tanto, la situación de la Ley de Tierras continúa atravesada por decisiones judiciales. En septiembre de 2026, la Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia que impedía su derogación. Actualmente, una medida cautelar mantiene vigente la normativa, aunque el conflicto todavía no está resuelto de manera definitiva.

La Ley de Tierras Rurales 26.737 fue sancionada por el Congreso en 2011, y establecía límites a la titularidad y posesión de tierras en manos extranjeras. El Poder Ejecutivo dispuso su derogación 12 años después con el DNU 70/2023, rechazado por el Senado, aunque continúa vigente porque Diputados no lo rechazó.

— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) September 30, 2026

En paralelo, el 14 de octubre, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados emitieron dictámenes sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El dictamen de mayoría incorpora artículos que proponen dejar sin efecto la derogación y restituir expresamente la Ley de Tierras. Su tratamiento en el recinto está previsto para el 21 de octubre.

Para Amnistía Internacional, el Congreso “no puede seguir postergando una decisión que tiene consecuencias directas sobre los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades rurales y la protección del ambiente. Es necesario garantizar protecciones efectivas y duraderas sobre las tierras rurales argentinas”.