La Justicia Federal dio un paso clave en una de las causas judiciales de mayor impacto político del último año. Este jueves 22 de octubre, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, resolvió procesar por el delito de lavado de dinero al exdiputado nacional libertario José Luis Espert, prohibiéndole además la salida del territorio argentino y trabando un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos.
La medida dictada sin prisión preventiva se extendió también a su contador, Mariano Cosentino, y a la sociedad Varianza SA, dentro de un expediente que tuvo su origen en la denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois en octubre de 2025.
El eje de la imputación radica en una transferencia de 200.000 dólares realizada entre 2019 y enero de 2020 a favor del economista. Los fondos provendrían de la estructura financiera montada por Federico "Fred" Machado, un empresario aeronáutico argentino radicado y detenido en Estados Unidos, donde admitió culpabilidad en delitos de fraude y lavado de activos.
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Para la investigación conducida por el juzgado de San Isidro, la justificación presentada por Espert —un contrato de asesoramiento técnico para la firma Minas del Pueblo en Guatemala— se trató de una simulación jurídica. En las actuaciones judiciales se logró determinar que el dirigente no viajó al país centroamericano y que los yacimientos mineros consignados en el acuerdo comercial jamás estuvieron en etapa operativa ni en funcionamiento.
Según la hipótesis de la fiscalía y del juez Mirabelli, la operación habría sido utilizada para blanquear dinero de origen ilícito, el cual posteriormente se destinó a la adquisición de vehículos de alta gama y a la constitución de un fideicomiso en la urbanización Costa Esmeralda.
Tras ser notificado de la resolución, José Luis Espert rechazó enérgicamente el procesamiento. El ex legislador sostiene que la prestación del servicio técnico fue real, que el cobro estuvo debidamente bancarizado y registrado a su nombre, y argumentó que al momento de los hechos en 2019 no tenía posibilidad de conocer los negocios ilícitos imputados a Machado en el exterior.
En tanto, el presidente Javier Milei había respaldado públicamente al economista, atribuyendo la causa a una persecución política en su contra. La derivación judicial de este expediente ya había forzado a Espert a bajar su candidatura política meses atrás, luego de que tomara estado público el entramado financiero que hoy derivó en su procesamiento.