Duro revés de la Corte Suprema al Gobierno: Avaló la cautelar por el financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia le asestó un nuevo revés al Gobierno nacional al rechazar la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y dejar firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir dos artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, actualizar los salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas, y recomponer las partidas destinadas a becas y distintos programas académicos contemplados en la Ley 27.795.

Con la decisión adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario impulsado por el Ministerio de Capital Humano –a cargo de Sandra Pettovello– al considerar que no existía una sentencia definitiva sobre el fondo del litigio. De esa manera, la cautelar seguirá vigente mientras continúa el proceso judicial.

La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con distintas universidades nacionales, que promovieron un amparo colectivo para cuestionar el decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había intentado suspender la aplicación de esos artículos de la ley.

Un fallo que mantiene la cautelar, pero no resuelve el conflicto de fondo

La Corte aclaró que su decisión no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del decreto ni sobre la validez de la Ley de Financiamiento Universitario, sino que responde exclusivamente a una cuestión procesal. Al no existir una sentencia definitiva, el recurso extraordinario presentado por el Estado resultó inadmisible, por lo que la medida cautelar continúa produciendo efectos.

En consecuencia, el Gobierno deberá seguir aplicando de manera provisoria las actualizaciones salariales y las recomposiciones presupuestarias previstas por la normativa, al menos hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo.

La decisión representa un nuevo capítulo en el conflicto que el Ejecutivo mantiene con el sistema universitario desde el inicio de su gestión y se produce luego de meses de reclamos de rectores, docentes, no docentes y estudiantes por el financiamiento de las universidades públicas.

Si bien el expediente seguirá su curso en los tribunales, el fallo fortalece, al menos por ahora, la posición de las universidades nacionales y obliga al Estado a continuar cumpliendo los artículos cuestionados de la ley mientras no exista una resolución definitiva sobre el caso.

Repercusiones universitarias

“Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos”, expresó el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti.

Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.

Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta…

— Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) June 25, 2026

Una vez conocido el fallo del máximo tribunal, desde la propia UBA –que poco más de un mes atrás le había xigido a la Corte que se expidiera al respecto– se lanzó un tuit en el que se “eige” la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo y que “se aplique la ley”.

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL QUE APLIQUE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795, la Ley de Financiamiento Universitario. pic.twitter.com/UOaYi4r5zk

— UBAonline (@UBAonline) June 25, 2026