martes 22 de septiembre de 2026 - Edición Nº4567

Política | 22 sep 2026

EDUCACIÓN

La Justicia le dio cinco días al Gobierno para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El juez Martín Cormick emplazó al Poder Ejecutivo a actualizar salarios y becas en un plazo improrrogable de cinco días hábiles bajo apercibimiento de aplicar multas diarias. La medida fue solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el marco de un paro de 24 horas y el anuncio de una nueva Marcha Federal.


En medio de un recrudecimiento del conflicto salarial y presupuestario, la Justicia federal le asestó un duro revés al Poder Ejecutivo. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, intimó formalmente al Gobierno nacional para que en el plazo improrrogable de cinco días hábiles cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795).

El fallo dio lugar a un pedido de ejecución impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el marco del amparo colectivo vigente. La resolución exige la aplicación inmediata de los artículos centrados en la recomposición salarial de docentes y no docentes, además de la actualización de los programas de becas estudiantiles, advirtiendo que en caso de incumplimiento se aplicarán sanciones económicas diarias.

Rechazo a las justificaciones oficiales sobre los giros de fondos

En su dictamen, el magistrado desestimó un planteo presentado por la Casa Rosada que pretendía levantar la medida cautelar argumentando transferencias parciales a las casas de estudio. Cormick consideró que el Estado no logró probar que esos giros compensaran el atraso real de los ingresos frente a la inflación acumulada.

Cabe recordar que la vigencia de esta medida cautelar cuenta con un sólido aval institucional, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso extraordinario presentado por la gestión nacional, dejando la protección judicial plenamente firme.

Un reclamo con brecha matemática: pérdida salarial del 32,5%

La orden judicial se produce en un contexto de máxima tirantez entre los gremios universitarios y la Secretaría de Educación:

  • Pérdida del poder adquisitivo: El Frente Sindical y el CIN denuncian un retraso en los haberes de hasta un 32,5% desde el inicio del mandato, exigiendo una recomposición urgente del 31,2%.

  • Fracaso paritario: La semana pasada, los sindicatos rechazaron unánimemente la oferta oficial de un 3% de aumento para septiembre y 3% para octubre por considerarla insuficiente.

  • Medidas de fuerza: La comunidad universitaria ya prepara la quinta Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales.

La batalla legislativa y el camino de la Ley 27.795

El conflicto tiene su raíz en el largo derrotero de la Ley de Financiamiento Universitario. Sancionada originalmente por el Congreso en agosto de 2025 y vetada de forma total por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 647/2025 en septiembre de ese año, la norma fue revalidada por la insistencia de los dos tercios en ambas cámaras legislativas en octubre de 2025.

Aunque el Ejecutivo quedó constitucionalmente obligado a promulgarla (Decreto 759/2025), el posterior congelamiento en la erogación de los fondos derivó en el amparo de las casas de altos estudios que hoy suma esta intimación judicial con fecha límite de cinco días.

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