En un duro revés judicial para el Poder Ejecutivo, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 mediante la cual el presidente Javier Milei había condicionado y suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795).
A través de esta resolución, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a las acciones de amparo presentadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), ordenando la puesta en marcha inmediata de la norma aprobada por el Congreso.
⚖️ La justicia declaró inconstitucional el decreto que frenó la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó aplicarla de inmediato. #UniversidadPúblicaSiempre 🇦🇷 https://t.co/GgggnvIsdW
— CIN (@CINoficial) October 6, 2026
El fallo cuestionó en forma severa el articulado del decreto de promulgación, donde el Gobierno nacional supeditaba la norma al artículo 5° de la Ley de Administración Financiera, exigiendo que el Poder Legislativo precisara de dónde saldrían los fondos:
Mecanismo de bloqueo: El magistrado determinó que el decreto funcionó en la práctica como una vía para detener la vigencia de una ley que el Congreso de la Nación ya había ratificado tras insistir con mayoría agravada de dos tercios sobre el veto presidencial original (Decreto 647/2025).
Asfixia presupuestaria: El tribunal unificó los expedientes del CIN y de la UBA, este último enfocado en denunciar la compleja situación operativa de facultades, colegios preuniversitarios y hospitales de la red pública.
Tras anular la salvedad interpuesta por la Casa Rosada, la Justicia dispuso que el Ministerio de Capital Humano y el Poder Ejecutivo deben emitir en forma urgente las medidas administrativas necesarias para cumplir con los puntos centrales de la Ley 27.795:
Sueldos: Recomposición y actualización periódica de las partidas para los salarios docentes y no docentes.
Estudiantes: Asignación garantizada para la continuidad de los programas de becas universitarias.
Investigación y gestión: Desembolso para gastos de funcionamiento, investigación científica y mantenimiento de infraestructura académica.
La controversia comenzó a mediados de 2025 con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. Pese a que el presidente Javier Milei aplicó un veto total a la norma, ambas cámaras legislativas lo rechazaron con dos tercios de los votos, obligando formalmente a su promulgación.
Fue en ese momento cuando el Ejecutivo redactó el Decreto 759/2025 incorporando la cláusula condicional que la Justicia acaba de invalidar por inconstitucional.