El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente a la Procuración General de la Nación la conformación de una Unidad Estratégica para el Análisis de Redes de Corrupción, dedicada al abordaje integral de casos de alto impacto institucional vinculados con el ámbito del Poder Ejecutivo nacional y organismos descentralizados.
La iniciativa se fundamenta en atribuciones conferidas al Procurador General de la Nación en la Ley N° 24.946, que lo facultan a diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal, disponer la actuación conjunta de fiscales cuando “la importancia de los asuntos lo haga aconsejable” y conformar equipos de trabajo integrados por fiscales y personal especializado.
Según se advierte en la presentación, distintas investigaciones judiciales evidencian la “proliferación de casos que comprometen la actuación de funcionarios públicos de máxima jerarquía, intermediarios privados, operadores financieros y estructuras societarias vinculadas con la administración de asuntos públicos”.
El análisis integral de estas investigaciones demuestra la “existencia de patrones comunes de funcionamiento, circulación de activos, intermediación económica y articulación entre actores públicos y privados, compatibles con la configuración de mercados de corrupción organizados en torno a la compra de decisiones gubernamentales”.
Entre los casos mencionados se encuentran las investigaciones vinculadas a $LIBRA, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Nucleoeléctrica Argentina, créditos hipotecarios del Banco Nación, el denominado “caso Adorni”, actuaciones vinculadas al presunto ocultamiento de bienes del titular de la agencia ARCA, actuaciones relacionadas con Carlos Frugoni y maniobras financieras vinculadas con el Banco Central de la República Argentina.
Asimismo, se señala que resulta de público conocimiento la existencia de denuncias e informaciones periodísticas vinculadas con posibles irregularidades en procesos licitatorios en asuntos energéticos, hídricos y de infraestructura.
En la presentación se remarca que estos fenómenos “no constituyen una anomalía exclusiva de la actual administración gubernamental”, sino manifestaciones persistentes de corrupción sistémica que históricamente constituyen una de las principales deudas institucionales de la democracia argentina y ponen en evidencia las respuestas fragmentadas del sistema de justicia penal frente a fenómenos de criminalidad compleja y captura estatal.
---) Que contemple el uso de parámetros de selección de casos prioritarios según criterios de impacto estratégico sobre las estructuras criminales identificadas;
---) Que esté integrada por fiscales, analistas e investigadores con acreditada experiencia en corrupción, delitos financieros, análisis de redes criminales y crimen organizado complejo;
---) Que tenga por objeto el abordaje sistémico y coordinado de las investigaciones identificadas, incorporando metodologías de análisis de redes criminales (ARC) y evitando la fragmentación en investigaciones compartimentadas que impiden visualizar la estructura integral del fenómeno;
---) Que cuente con capacidades técnicas especializadas en análisis económico financiero de los circuitos ilícitos de pagos (AEF), trazabilidad de criptoactivos, investigación patrimonial, rastreo de estructuras offshore y peritaje informático sobre dispositivos y comunicaciones digitales;
---) Que posea facultades de articulación estratégica con los fiscales intervinientes en cada causa, a fin de garantizar coherencia político-criminal, intercambio de información relevante y preservación coordinada de evidencia digital y financiera;
---) Que se encuentre habilitada para coordinar pedidos de cooperación internacional y asistencia judicial recíproca.